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Los sindicatos apoyan a Garzón

CCOO y UGT convocan el 13 de abril un acto de apoyo a Baltasar Garzón

Se realizará en el Anfiteatro "Ramón y Cajal" de la facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, a las 11.30 horas

La actuación del Juez Garzón en la instrucción de la histórica causa contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo a raíz del golpe de Estado contra la legalidad constitucional republicana en julio de 1936 y la guerra civil y la posguerra perseguía buscar a las personas desaparecidas y recuperar sus restos mortales de las personas asesinadas; y verificar los hechos y la relevación pública y completa de la verdad, procurando una declaración oficial o decisión judicial que restableciera ante tales crímenes, la dignidad de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad en su conjunto; compatibilizando la actuación judicial penal con la Ley de la Memoria Histórica en interés siempre de las víctimas.

El Tribunal Supremo en lugar de resolver los recursos y cuestiones de competencia pendientes en relación a la causa contra los crímenes del franquismo, que tienen una evidente trascendencia histórica, social y jurídica, ha admitido querellas interpuestas por grupos ultraderechistas alegando una presunta prevaricación del Juez Garzón en su investigación sobre los crímenes del franquismo, consistentes en el plan sistemático y preconcebido de eliminación o exterminio de oponentes políticos, muchos de ellos por su condición de sindicalistas.

Las querellas interpuestas ante el Tribunal Supremo persiguen injustamente al Juez Garzón también por otras actuaciones judiciales, como la instrucción de los graves delitos de corrupción política del caso Gürtel.

Por otra parte en las actuaciones del órgano de gobierno de los jueces respecto al juez Garzón parecen estar pesando razones extrajudiciales. Considerar que un Juez comete delito de prevaricación porque se disiente de su criterio jurídico, que está motivado y fundado, compromete gravemente el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial; y la persecución del Juez Garzón cuestiona la consideración de la Justicia en la sociedad española, y también en el ámbito internacional.

Los impedimentos jurídicos que se sostienen por algunos para hacer inviable la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo, hubieran hecho imposible también el Proceso de Nüremberg contra los criminales nazis.

Nadie puede pretender erigirse en garante de la legalidad del Estado social y democrático de Derecho en el que vivimos, amparando vulneraciones de la memoria histórica y favoreciendo la impunidad de la corrupción política.

La especial gravedad de estos hechos, relacionada con el contenido esencial de la democracia en España nos obliga a CCOO y UGT a un pronunciamiento al respecto, porque afectan a la lucha antifranquista y a la memoria histórica de una parte, y a la persecución y castigo de la corrupción de otra.

Para UGT y CCOO ningún poder está libre de control en una sociedad democrática: tampoco la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ni el Consejo General del Poder Judicial.

CCOO y UGT quieren manifestar públicamente su solidaridad en estas horas con el Juez Garzón y el reconocimiento de su trayectoria ejemplar de defensa de los Derechos Humanos; y también exigimos al Tribunal Supremo que termine de manera inmediata la persecución injusta contra el Juez Garzón y que resuelva ya las cuestiones pendientes en su sede sobre la causa de los crímenes contra la Humanidad del franquismo.

Madrid, abril de 2010

Comentarios

  1. "Ningùn poder està libre de control en un socie
    dad democràtica tampoco la Sala de lo Penal del
    Tribunal Supremo ni el CONSEJO GENERAL DE PODER
    JUDICIAL" ... y eso lo dicen UGT y CCOO...
    Pues bien, precisamente el Sr. Toxo, conoce
    desde Septiembre de 2009, que el Sr. Presidente
    del CGPJ, dijo por escrito de 16 de Enero -2009
    al Sr. Presidente del Congreso de los Diputados
    (del que dicen no tiene las cuentas claras)
    que: "NO SE APRECIA NINGUN INDICIO DE ANOMALIA
    EN LAS ACTUACIONES JUDICIALES", cuando una
    ciudadana denuncia que:
    A) El Juzgado de I. nº 48 de Madrid,celebrò un
    juicio de faltas sin citar a dicha ciudadana
    constando en el Juzgado su direcciòn y telèfono
    por ser perjudicada-denunciante en accidente de
    tràfico.
    B)El mismo juzgado,por el mismo juicio, dictò
    un AUTO, el cual OCULTÒ SIN NOTIFICAR , durante
    SEIS MESES y pretendian seguir ocultàndolo,ya
    que negaron a la ciudadana el derecho a ver su
    expediente.Por ello tuvo que intervenir la
    Asociaciòn ANDAPEAJ (Telef. 677214648).
    C)A pesar de que la Comisiòn Central de Asis-
    tencia Jurìdica Gratuita ha reconocido a la
    ciudadana tal derecho,"en su mas amplia exten-
    siòn", la ciudadana permanece INDEFENSA (a pe-
    sar de estar en una "sociedad democràtica" con
    una Constituciòn) y sin poder efectuar los
    recursos previstos en las Leyes.
    Parece que los sindicatos ven lo que quieren
    y defienden la "democracia" que quieren y lo
    que quieren ver... ¿Todos los españoles iguales
    ante la Ley? ¿solo es merecedor de derechos el
    Sr. Juez Garzòn?. ¿Prefieren "solucionar" lo
    que ha pasado hace màs de 50 años, y NO
    SOLUCIONAR Y MEJORAR LOS PROBLEMAS DE LOS
    ESPAÑOLES QUE VIVEN EN LA ACTUALIDAD,INCLUYEN-
    DO LAS CACICADAS JUDICIALES ACTUALES ?

    ResponderEliminar
  2. Por cierto,quiero añadir, que el Sr. Presidente
    del CGPJ,Sr. Divar,en su escrito de 16 de Enero
    de 2009 enviado al Sr. Josè Bono, OCULTÒ LA
    EXISTENCIA DEL AUTO DICTADO POR JUZGADO DE I.
    nº 48 de Madrid, que recuerden,habia sido ocul-
    tado tambien por dicho juzgado SIN NOTIFICAR
    DURANTE SEIS MESES, y en el cual se choriceaba
    a la ciudadana perjudicada en el accidente de
    tràfico,la cual segùn acta del forense Sr.
    Peinado, "necesitò 45 dias para curarse de sus
    heridas", producidas por saltarse el conductor
    de un vehìculo un semàforo en Rojo.
    En dicho AUTO OCULTO, se producen ademàs
    del choriceo de dinero a la ciudadana, otras
    presuntas prevaricaciones. La ocultaciòn de
    documentos por las autoridades, o funcionarios
    pùblicos està penada con penas de prisiòn de
    uno a cuatro años. Para el Sr. Divar, la ocul-
    taciòn sin notificar, de este Auto, durante
    SEIS MESES,no resulta siquiera anomalia,ocul-
    tando el propio Sr. Divar a la Presidencia del
    Congreso de Diputados la existencia del Auto,
    ocultado tambien por el Juzgado.
    Los sindicatos conocen estos hechos, pero
    prefieren entretenerse en cosas que han ocurri
    do hace màs de 50 años, mientras "miran para
    otro lado" en las cacicadas judiciales actuales
    Todo muy significativo...

    ResponderEliminar
  3. Por cierto,en el caso de la actuaciòn presunta-
    mente delictiva del Juzgado de I. nº 48 de Madrid,nos preguntamos:
    ¿Donde estaba la Fiscalia, mientras se celebra
    el Juicio de Faltas sin citar a las partes
    perjudicadas-denunciantes por accidente de trà-
    fico, y mientras permanecia OCULTO DURANTE SEIS
    MESES EL AUTO dictado por dicho juicio ilegal?
    ...Una fiscalia, que segùn la Constituciòn,
    en una "sociedad democràtica" segùn los sindi-
    catos,tiene el deber de VELAR POR LA LEGALIDAD
    ...

    ResponderEliminar
  4. INTERESANTE ARTÍCULO APARECIDO EN REPUBLICA.ES

    No es fácil callarse ante el acoso que están sufriendo los magistrados que se ocupan de las querellas interpuestas contra el juez Baltasar Garzón. No pueden dar un paso sin exponerse al ataque masivo de muy poderosos medios de comunicación a los que se suman determinados líderes sindicales, representantes más o menos cualificados del mundo cultural, conocidos artistas y un sin fin de asociaciones o colectivos, como ahora se dice. También hay encendidas protestas que llegan de Hispanoamérica y de otros lugares, porque este querellado es sin duda el juez español con mayor proyección internacional. Y completan el cuadro las declaraciones públicas de muy relevantes nombres de nuestros Poderes legislativo y ejecutivo.

    De las tres querellas, sólo tiene connotaciones políticas la relacionada con la memoria histórica, los crímenes del franquismo y la apertura de fosas procedentes de la Guerra Civil. Las otras dos se refieren a la solicitud de fondos para unos cursillos en los que se participa con una buena remuneración y a la intervención de las escuchas entre presos y abogados en un proceso ajeno al terrorismo. Pero no importa. Se trataría de una maniobra convergente para terminar con la carrera de un juez incómodo por haber cumplido siempre con su deber. Se soslayan así las cuestiones concretas sobre las que han de pronunciarse los tribunales: si se ha cometido o no alguno de los delitos en cuestión. Ni más ni menos. Se olvida que para eso existe un Poder Judicial –independiente según la Constitución- cuyos titulares se hayan mejor capacitados para cumplir esa tarea que quienes tan decididamente, y en posturas perfectamente previsibles, archivarían las tres querellas sin admitirlas siquiera a trámite.

    No es de recibo que la afinidad ideológica u otras razones espurias prevalezcan sobre las jurídicas. Se dispara con fuego graneado contra los magistrados del Tribunal Supremo y contra los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Y si esto ocurre con altos cargos de incuestionada competencia, honestidad e incluso talante progresista en algunos casos (¡ya salió la politización de la Justicia!), piénsese en lo heroico que sería resistir en solitario tales campañas desde un modesto Juzgado de Instrucción o un Juzgado de lo Penal. Escalofriante. La carrera del juez al albur del Gobierno de turno con un Fiscal General de libre nombramiento y el Consejo General del Poder Judicial como correa de transmisión.

    El Derecho Penal no es, desde hace muchos años, y con las excepciones del nacionalsocialismo y del comunismo soviético, un derecho de autor sino de hecho. Se ocupa de las acciones tipificables como delito, al margen del concepto que nos merezca el currículo del inculpado. Todos somos iguales ante la ley según el artículo 14 de la Constitución.

    Garzón disfruta, como cualquier otra persona, de la presunción de inocencia en el ámbito jurídico que le es propio. No le faltarán razones de peso para su defensa y contará, además, con el asesoramiento de muy ilustres penalistas. Yo, personalmente, le deseo lo mejor. Sé, como el primero, que ha prestado grandes servicios a la Justicia, y sé también que todos podemos equivocarnos sin convertirnos por ello en unos delincuentes. Pero ahora no se trata de eso. Dejemos actuar a las Instituciones. Las críticas y los comentarios, después.

    Quienes aplaudieron el archivo de la denuncia por los crímenes de Paracuellos, pese a gozar todavía de buena salud y estar perfectamente identificado quien podía sentarse en el banquillo, son los mismos que querrían proceder contra los criminales del otro bando. No se entiende bien. Como tampoco que los sindicatos reclamen vela preferente en este entierro, anunciando manifestaciones y dando certificados de inocencia. El Estado de Derecho es otra cosa. Se equivocan estos valedores del juez Garzón si pretenden exculparle de antemano con afinidades ideológicas y motivaciones que estarían por encima de la ley.

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