Cifuentes, al borde del precipicio

Twitter: @ccifuentes

DE TODOS LOS caminos para ejercitar su defensa, ante las graves acusaciones que pesan sobre ella en el ‘caso del máster’, la presidenta madrileña ha optado por el más inconveniente y arriesgado. Matar al mensajero siempre ha sido una tentación demasiado fácil, a la par que estéril, dado que, por mucho que se empeñe Cristina Cifuentes, los periodistas no van a dejar de cumplir con su obligación de informar.

Y no solo eso, la presidenta del PP madrileño tendrá que ser un poco más explícita cuando dice, sin acreditarlo, que hay una “cacería política y personal” contra su persona. ¿Por parte de quién? ¿Con qué intención?

Si la información sobre el “falseamiento” de sus notas en el máster que cursó en 2011-12 en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), adelantada por la periodista Raquel Ejerique, redactora jefa de política social en ‘eldiario.es’, es tan “falsa, parcial y tendenciosa” como sostiene Cifuentes, lo que debería haber hecho la presidenta es desmontar las acusaciones con datos y demostrar de forma fehaciente que el relato ofrecido es erróneo.

Porque esto no es (solo) una cuestión de ‘eldiario.es’. Todos los medios, de una u otra forma, se han hecho eco de la noticia, han planteado las mismas objeciones y han evidenciado los mismos cabos sueltos que deja el relato, con bastantes fisuras, de la presidenta madrileña.

Es más, la propia Asociación de la Prensa de Madrid (APM) también ha salido en defensa de los periodistas de ese diario digital en su derecho “a elaborar y difundir informaciones veraces, de interés general o de relevancia pública y que estén debidamente contrastadas”. 'Eldiario.es', señala la APM, "puede y debe seguir ejerciendo el periodismo en libertad, como se lo garantiza la Constitución". Otras asociaciones de periodistas se han pronunciado también en ese mismo sentido.

Si Cifuentes, como sostiene, defendió el Trabajo de Fin de Máster (TFM) sobre Derecho Público en el Estado Autonómico —60 créditos y 600 horas—, fue calificado por un tribunal en el campus de Vicálvaro, y luego se produjo “un error informático” ajeno a su responsabilidad, hasta el punto de aparecer como no presentada en una asignatura y en el propio TFM, no debería ser tan complicado, ni para la URJC ni para ella misma, zanjar de una vez tan engorroso y controvertido asunto.

Entre otras cosas, porque buena parte del tiempo que debería dedicar al Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene que emplearlo ahora en su defensa. Y no está bien que un dirigente político esté ‘distraído’ con un asunto ajeno a la misión para la que fue elegido y por la que le pagan todos los madrileños.

Querellarse contra la informadora, y también contra el director del medio, Ignacio Escolar, suena más a una huida hacia adelante que a otra cosa. Es fácil entender que Cifuentes pueda sentirse “injuriada” y “calumniada” por el “ataque feroz” que ha sufrido durante la última semana en relación a la polémica de sus calificaciones del máster sobre Derecho Autonómico en la URJC, no en vano afecta a su honorabilidad, acaso el más importante patrimonio de un político.

Pero ella, como persona inteligente que es, también debe comprender que, si como dice, ha resultado perjudicada “por un error en la transcripción de las actas”, lo que debe hacer es dar cuantas explicaciones se le exijan antes que tratar de amedrentar a los periodistas. Explicar y convencer: a los suyos, a los adversarios políticos —no siempre fuera de su propio partido—, a los medios y la sociedad en general de que ni hubo falsedades ni tampoco trato de favor.

Habla Cifuentes de “ataques despiadados” y de intento de linchamiento y defiende además, en tono enigmático, que “la lucha contra la corrupción tiene un alto precio”. ¿Qué nos está queriendo decir la presidenta madrileña? ¿Acaso que todo este turbio asunto es el precio que ha tenido que pagar por la personación de la Comunidad como acusación en la ‘Operación Púnica’, o el traslado a la Justica de las “irregularidades” detectadas en el Canal de Isabel II, que dieron pie a la ‘Operación Lezo’?

Pues si es así, si está señalando a Ignacio González o a Francisco Granados, que tenga el valor político de decirlo abiertamente y, sobre todo, de demostrarlo. De desenmascarar la ‘mano negra’ que quiere perjudicarla a ella, o directamente hundirla, por haber tenido el arrojo y la valentía de haber mantenido una actitud de firmeza y mano dura contra la corrupción. Un horrendo delito, dicho sea de paso, cometido supuestamente por personas que militan o han militado en su mismo partido, y con las que ha compartido trayectoria política durante años.

Es fácil estar de acuerdo con la presidenta madrileña en su reivindicación ética de la política como una actividad “noble y digna que contribuye a mejorar la vida de los ciudadanos”. Y también “el respeto como principal norma de convivencia y la honestidad como pauta de conducta”. Cualquiera lo suscribiría.

Ahora bien, ella también debe saber que exigir claridad sobre un expediente académico plagado de sospechas no debería suponer que, de pronto, el mundo esté contra ella y que el “ataque” obedece a que se ha autoerigido en bandera de la honestidad. Si en la propia dirección nacional de su partido hay preocupación e inquietud por este asunto es que ni ella misma está siendo capaz de convencer a los suyos.

Los interrogantes permanecen y, más allá de la investigación interna que ha ordenado abrir el rector Javier Ramos “tras recabar nuevas informaciones”, después de haberla respaldado, solo a ella corresponde disipar la sombra de la sospecha. El día que pueda mostrar el TFM o el registro del mismo y aclare cómo lo defendió ante un tribunal académico el 2 de julio de 2012 y cómo pudo obtener unas buenas notas sin acudir a clase, ese día empezaremos a salir de dudas. Hasta entonces, permítanos señora Cifuentes, que manifestemos nuestro desconcierto y que le reclamemos unas explicaciones más completas.

Pedir una condena de cárcel —entre seis meses y dos años de prisión— para los periodistas que han publicado la información no parece una decisión muy acertada que digamos. Está en su derecho, claro, pero tiene todo el aspecto de ser una huida hacia adelante. El problema es que si la jugada no le sale bien, la tupida y fastuosa red del poder no le evitará despeñarse. Torres más altas han caído.