POCAS COSAS EVILECEN más el debate público que los improperios. Da igual de donde vengan o a quien vayan dirigidos. El lenguaje ofensivo, tan gratuito como innecesario, esconde, con frecuencia, una evidente falta de argumentos. Sustituir las razones por invectivas no parece ni sensato ni razonable, por más que pueda resultar un recurso inmediato y fácil, además de aparentemente gratuito. Y este principio debería ser válido tanto para el ámbito político como para el de las redes sociales, donde ejércitos de trolls permanecen emboscados para saltar a la mínima contra un supuesto enemigo amparados en la impunidad de su anonimato.

Viene a colación esta reflexión por los insultos, e incluso amenazas, que ha recibido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras cuestionar durante una entrevista en la Cadena SER que la contaminación atmosférica esté causando muertes en la región. La jefa del Gobierno madrileño esparció dudas sobre los efectos de los malos humos en la salud y rápidamente científicos y expertos, desde el propio CSIC incluso, aportaron datos para corregir su desinformación.

A Díaz Ayuso le llovieron las críticas y desde su Gobierno salieron las consejeras de Presidencia, Eugenia Carballedo, y de Medio Ambiente, Paloma Martín, para matizar y aclarar sus palabras, además de defender la labor de la Comunidad de Madrid en la lucha contra la polución. El asunto será objeto de debate en la Asamblea de Madrid, donde el portavoz socialista, Ángel Gabilondo, PSOE va a pedir explicaciones a la presidenta. Lo normal en un sistema democrático y parlamentario. La contaminación mata, zanjó el asunto la propia Organización Mundial de la Salud (OMS), por si no hubiera suficientes evidencias.

Lo que no tiene ni medio pase, por muy defensores que seamos de la libertad de expresión, es la cadena de insultos y amenazas que han llegado a generar esas declaraciones de Díaz Ayuso. Tacharla de “malnacida”, “subnormal profunda”, «tarada, mafiosa, inculta, incompetente» o, lo que es todavía peor, descolgarse diciendo «Das puto cáncer, zorra. Que das puto asco. Como te vea, te pego dos tiros, puta», es una línea roja que nadie debería cruzar nunca. Porque hacerlo, como en este caso, o en otros anteriores que también han sufrido otros políticos de distinto signo, supone atentar directamente contra las bases de la convivencia.

Las campañas de linchamiento en Twitter, Facebook o Instagram solo contribuyen a generar más odio y en nada ayudan al necesario debate sosegado, por mucho que las actuales circunstancias políticas no contribuyan a ello. Pero es que, además, estos “escraches tuiteros” están castigados, desconozco ahora mismo si con la suficiente contundencia, por la legislación española.

Si Díaz Ayuso dijo algo incorrecto, como así fue, lo razonable es que la oposición se lo haga pagar políticamente, que ella pueda defenderse según considere y alegar lo que crea conveniente. Y que ese escrutinio se haga extensivo a los ámbitos de la sociedad que corresponda. A partir de ahí, lo mejor que pueden hacer los “haters” y tuiteros emboscados, delincuentes, en definitiva, es volver a sus madrigueras. Bastante serio es el asunto de la contaminación, que nos ocupa hoy, como para que alguien venga a incendiarlo.