HUBO UN TIEMPO, no muy lejano, en que caminar por el Madrid de los Austrias, callejear por el paseo del Prado, perderse por el Barrio de las Letras o contemplar la majestuosidad del Palacio Real formaba parte de una experiencia urbana compartida entre vecinos y visitantes. Hoy, mal que nos pese, esa estampa pertenece al pasado. El centro de Madrid viene sufriendo desde hace demasiado tiempo una nueva e implacable modalidad de «turistificación» que se desplaza sobre tres ruedas y se mueve al son de la impunidad: la invasión de los tuctucs (en una sola palabra, según la forma recomendada por la FundéuRAE). Lo que en muchas ciudades asiáticas, de Tailandia pongamos por caso, responde a una necesidad de transporte popular, se ha transformado aquí en una propuesta exótica en forma de auténtica plaga. Con tres ruedas, motorizados o de pedaleo, estos vehículos se han convertido en un modelo de negocio agresivo, molesto y desregulado que devora el espacio público a golpe de picaresca.

Trampa legal

La clave del éxito de este fenómeno no reside en su utilidad, sino en el descarado aprovechamiento de un limbo jurídico. Los tuctucs no son taxis ni se rigen por las estrictas normativas que afectan a los VTC. Matriculados bajo categorías genéricas como cuadriciclos pesados, operan bajo el paraguas de supuestas «actividades turísticas de ocio». Esta trampa legal les permite campar a sus anchas por calles residenciales de acceso restringido, fijar tarifas abusivas a pie de calle sin taxímetro que valga y someter a sus conductores a condiciones laborales marcadamente precarias. Mientras los taxistas madrileños encadenan licencias millonarias, exámenes y calendarios de descanso obligatorios, la creciente flota de tuctucs —que ya supera el centenar de vehículos fijos en el distrito Centro— opera a su antojo con una asombrosa barra libre legal

Cotidianas molestias

El impacto en el día a día de la ciudad es devastador. El primero de los frentes es el vecinal. Vecinos que ya lidiaban con la turistificación de la vivienda ven ahora cómo las estrechas aceras del entorno de Ópera o de la Plaza Mayor se han convertido en parkings improvisados de captación de clientes. La consecuencia, por citar solo algunas: el paso bloqueado a los carritos de bebé o personas con movilidad reducida, cuando no el temor de los peatones a perecer en un atropello. Y luego está la contaminación acústica: caravanas de vehículos con música a todo volumen y turistas gritando a escasos metros de los balcones de los residentes. El segundo frente es la movilidad. El plano medieval del Madrid antiguo no está diseñado para acoger a bólidos lentos que se detienen bruscamente en mitad de la calle Mayor o Atocha para que un cliente tome una foto, provocando retenciones que colapsan el tráfico de servicios esenciales.

Miles de sanciones

Las cifras oficiales confirman la magnitud de este caos: la Policía Municipal y los agentes de movilidad acumulan ya más de 3.000 sanciones contra estos vehículos por estacionar en zonas peatonales, ignorar señales o circular de forma temeraria. Sin embargo, por lo que se ve, el pago de multas parece salirles a cuenta dentro de sus abultados márgenes de beneficio.

Regulación ya

Mientras la tensión crece en las calles, la respuesta de las administraciones públicas roza el inmovilismo. Hasta no hace mucho, el Ayuntamiento de Madrid insistía en que tiene las manos atadas, por lo que exigía al Gobierno central que modifique el Reglamento General de Circulación a nivel estatal para poder vetarlos. «Porque, ¿por qué no van a poder circular por la ciudad de Madrid y sí por Getafe, Sevilla o Barcelona? Tendrá que haber una normativa a nivel general, a nivel nacional, que homogenice la circulación de estos vehículos», sostuvo el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad. Por su parte, la oposición exige al Consistorio que aplique con valentía su propia Ordenanza de Movilidad Sostenible para prohibir esta actividad de forma inmediata en el corazón de la ciudad.

Normativa antes de fin de año

El descontrol está llegando a tal extremo que, según parece, la ciudad de Madrid tendrá su regulación de tuctucs en “pocos días» o, en todo caso, antes de fin de año. El alcalde Almeida y el delegado Carabante vienen diciendo que trabajan en ello desde hace tiempo. En verdad, muy rápidos no han estado en Cibeles, como tampoco lo estuvieron con la prohibición de los patinetes eléctricos.

Sentido común

Esta misma mañana, sin ir más lejos, junto al Mercado de San Miguel se agolpaban unos diez o doce de estos vehículos, entorpeciendo el tráfico, taponando la libre circulación e invadiendo el espacio público. Madrid no puede permitirse externalizar el control de sus calles a plataformas de ocio turístico de dudosa legalidad. Regular la plaga de los tuctucs no es una cuestión de ir en contra del turismo, sino de defender el derecho a la ciudad, la dignidad del transporte público regulado y el sentido común urbanístico. Si no se frena este abordaje de inmediato, el Madrid histórico —el Distrito Bar, del que hablamos en otra ocasión— dejará de ser una ciudad para convertirse, definitivamente, en un parque temático intransitable y ruidoso sobre tres ruedas.