LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN ha llegado a la conclusión de que, tal y como mantenía un informe policial del mes de julio, el PP de Madrid financió sus actos electorales de 2003 y 2004 (elecciones locales, autonómicas, generales y europeas, además del congreso regional) a través de la «red Gürtel» y de la fundación Fundescam. Dicho de otra forma el PP de Madrid habría utilizado dinero de empresarios privados, generosamente recompensados luego, para ayudar a Esperanza Aguirre a instalarse en la Puerta del Sol. Casi un millón de euros aportaron a Fundescam varios empresarios, entre ellos, el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el actual presidente de la patronal madrileña y de la Cámara de Comercio, Arturo Fernández. La Fiscalía considera probada la comisión de los delitos electorales y de falsedad documental pero entiende que la responsabilidad penal ya ha prescrito debido a la tardanza en denunciar esos delitos. Anticorrupción confirma, por tanto, que el PP se financió de forma ilegal y, aunque ve indicios de delito, sostiene que no se puede actuar.
Escudarse, como se escuda Aguirre, en que cuando ocurrieron los hechos el presidente del partido era Pío García Escudero («pío, pío, que yo no he sido») tampoco parece una actitud muy edificante que digamos. Con independencia de que el plazo de prescripción aplicable sea de tres o de cinco años y de que los del PSOE no estuvieran demasiado diligentes a la hora de acudir a la Fiscalía, no resulta admisible desde el punto de vista político que un delito pueda prescribir, como si en realidad no hubiera existido, por el simple hecho de que se llega tarde para que la Justicia pueda actuar. Es muy posible que a la luz del Derecho mi razonamiento no tenga ningún fundamento, pero cualquier ciudadano de a pie puede entender que, tal y como dicta el sentido común, los delitos electorales no deberían prescribir en política.
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