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| Foto: Getty Images |
PREVARICACIÓN, BLANQUEO, COHECHO, organización criminal, malversación, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios. De todos estos delitos, que no son precisamente peccata minuta tiene que responder Ignacio González.
Por más que algunos presuman ahora de que era la crónica de una muerte anunciada, la noticia de la detención en su domicilio de Aravaca del que fuera todopoderoso presidente madrileño, en una operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contra la corrupción del Canal de Isabel II –la empresa pública que gestiona el abastecimiento de seis millones de madrileños con numerosas sociedades en Latinoamérica-, ha agitado como pocas los mentideros políticos y periodísticos. No es para menos.
Un dispositivo, bajo la dirección del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y la Fiscalía Anticorrupción, denominado ‘Operación Lezo’, en alusión sin duda al “espionaje” que denunció sufrir el expresidente madrileño durante un viaje a Cartagena de Indias (Colombia). Alude la Guardia Civil con esta denominación a la figura del heroico almirante español Blas de Lezo, que organizó la defensa de Cartagena de Indias durante el asedio británico de 1741.
Nada heroico resulta, por cierto, el historial de los secretarios generales del PP de Madrid en los últimos 20 años: Ricardo Romero de Tejada (1996-2004), condenado a un año de cárcel por la utilización de una tarjeta black como consejero de Caja Madrid; Francisco Granados (2004-2011), encarcelado por la Púnica; e Ignacio González (2011-2016), arrestado de momento en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, acusado de liderar una «organización criminal» y de cobrar comisiones del Canal en Latinoamérica.
Nada heroico resulta, por cierto, el historial de los secretarios generales del PP de Madrid en los últimos 20 años: Ricardo Romero de Tejada (1996-2004), condenado a un año de cárcel por la utilización de una tarjeta black como consejero de Caja Madrid; Francisco Granados (2004-2011), encarcelado por la Púnica; e Ignacio González (2011-2016), arrestado de momento en el cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos, acusado de liderar una «organización criminal» y de cobrar comisiones del Canal en Latinoamérica.
A la espera de lo que pueda deparar este asunto, que a buen seguro será igualmente de alto voltaje, las investigaciones están sacando a la luz elementos de gran relevancia e interés. Y también algunas conclusiones: que la Justicia y la Fuerzas de Seguridad del Estado continúan haciendo su trabajo de forma eficaz e implacable; que nadie suele quedar impune por mucho poder que hubiera atesorado en otra época; que aquellos que un día se creyeron dioses no sabían que tenían los pies de barro; que no eran tan listos ni buenos gestores y que, en cualquier estado democrático que se precie, quien la hace la paga, o así debería ser.
Y que cuando más de una veintena de cargos públicos del PP se han visto salpicados por los últimos casos de corrupción en Madrid, a Esperanza Aguirre no le queda otra que abandonar el grupo municipal popular en el Ayuntamiento y marcharse a su casa. Hoy mismo, nada más declarar como testigo en el caso Gürtel. Cercada y acorralada por el golpe definitivo que supone la detención de González, sería su último gran servicio al país.
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