DICHO Y HECHO, Dolores de Cospedal cumple con su advertencia de dejar sin sueldo fijo a los 49 diputados autonómicos. Así se desprende del recorte de un 10% en la partida destinada las Cortes de Castilla-La Mancha, que dispondrán de 8 millones de euros. El gasto de los sueldos de los diputados es de apenas un millón de euros. Desde el próximo año, sus señorías solo cobrarán dietas por asistir a plenos y comisiones.
La medida de Cospedal huele a propaganda que apesta. Y la prueba evidente es que mientras se acepta eliminar la retribución regular de los diputados, los gastos de alta dirección experimentan una magra reducción de 2 millones, pasando de 69 a 67 millones de euros. Paradojas de la vida, muchos de los diputados que a partir de ahora cobrarán dietas abandonaron sus trabajos y se sometieron a un durísimo régimen de incompatibilidades. Dicho de otra forma, su dedicación tiene que ser absoluta y, por supuesto, no pueden recibir remuneraciones externas.
Una cosa es que los políticos, como todo hijo de vecino, vean reducidos sus salarios y otra bien distinta es que expulsemos a los actuales representantes para dar entrada a una clase de abnegados ciudadanos dispuestos a gestionar un presupuesto cercano a los 7.500 millones de euros, como quien dice, en sus ratos libres. En sus inicios, la Asamblea de Madrid también se rigió por este sistema. El modelo hizo aguas debido a la picaresca de sus señorías de convocar más plenos y comisiones de los necesarios para cuadrar sus cuentas a fin de mes.
Siguiendo la lógica de Cospedal, número 2 de Rajoy en el PP, los actuales diputados en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo deberían ir pensando en hacer las maletas dejando los escaños en manos de fontaneros, electricistas, camareros, ebanistas, panaderos o parados, como genuinos representantes del pueblo. Total, dirá más de uno, cualquiera es bueno para votar siguiendo las instrucciones de los partidos.
Tener un sueldo público, incluso en estos tiempos, no es ningún privilegio siempre que se haga dentro de unos límites razonables. La remuneración digna de los políticos, aunque no sea popular decirlo ahora, también es garantía de independencia. La democracia representativa no tendría sentido si la vaciamos de atributos y contenido. Dicho lo cual, se hace imprescindible ya la reforma del sistema en profundidad, eliminando muchos cargos públicos e institucionales, así como la despolitización de la Administración pública. Lo de Cospedal, en cambio, es un retroceso que nos devuelve a la España del No-Do.
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