EL MAGISTRADO DE tendencia conservadora José Yusty Bastarreche ha obligado a la alcaldesa de Madrid a prohibir un acto político en una dependencia municipal a favor del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, que se iba a celebrar este domingo.
La historia es bien conocida y poco cabría que añadir salvo el hecho de que también sea noticia un aspecto colateral no precisamente menor. Y tiene que ver con la apariencia de imparcialidad que se presupone en cualquier magistrado.
El juez Yusty, que acordó la suspensión del acto sin haber oído siquiera los argumentos del Gobierno municipal, arrastra el dudoso honor de que sus declaraciones le preceden demostrando una gran inquina hacia quienes no coinciden con sus postulados ideológicos.
Por eso a nadie debería extrañar que un magistrado que llegó a tildar de “tropa” al equipo de Ahora Madrid, cuando le ha caído entre manos un asunto que afecta al Ayuntamiento haya dejado entrever su animadversión hacia Manuela Carmena. En verdad, lo contrario hubiera resultado sorprendente conocida su trayectoria. Los juristas dirán si estas manifestaciones, a las que añadió «si por lo menos tuviesen un aspecto presentable» podrían derivar en su recusación.
Si el juez en cuestión estampa su firma en un manifiesto contra el proceso independentista y se permite tachar de “estrafalaria” Ley de Memoria Histórica, lo que está haciendo no es otra cosa de demostrar por dónde respira ideológicamente. ¿Estoy diciendo que Yusty no tiene derecho a opinar por su condición de juez? No, rotundamente no.
Tiene todo el derecho del mundo a decir lo que mejor crea conveniente, ¡faltaría más! No sería el primero ni tampoco el último. Lo único que pretendo indicar es que sus legítimas opiniones como ciudadano de a pie pueden llegar a contaminar sus resoluciones judiciales. Y este precepto, que se me antoja básico, debería ser aplicable en toda circunstancia y condición.
Ni siquiera la propia Carmena se ha atrevido a ir tan lejos. Ella opina que no es incompatible la forma de pensar de un magistrado con su trabajo, pero algún cortafuego habría que poner para evitar que los jueces puedan entender de cuestiones sobre las que han manifestado aversión.
Los jueces podrán prohibir cuantos actos quieran, pero difícilmente evitarán que la gente piense lo que mejor considere. En juego también están algunos derechos fundamentales, que tanto costó traer a nuestro país.
Si el PP no hubiera solicitado la prohibición y el juez no hubiera atendido la petición, el acto hubiera pasado prácticamente inadvertido. La repercusión habría sido bastante limitada, ahora en cambio, lejos ya de una dependencia municipal, sus detractores se han convertido en los principales propagandistas.
Desconozco si en Madrid hay muchos o pocos independentistas, aunque intuyo que no son una abrumadora mayoría. Lo que sí tengo claro es que con actuaciones políticas y judiciales de este tipo, las simpatías sobre el derecho a decidir se han incrementado.
Los problemas políticos se tienen que resolver desde la política y no en los juzgados. Al fin y al cabo ni aquí se iban a poner urnas, ni la confrontación ha resuelto nunca nada. El debate de ideas no puede ser ilegal.
0 comentarios