LOS CARGOS PÚBLICOS, expresidentes y aforados, disfrutan de una serie de prerrogativas de las que no participan el resto de los mortales. Por ejemplo, a testificar por escrito si es que son llamados a declarar ante un juez.
Sorprende que Esperanza Aguirre, que presumió de estar “encantada de colaborar con la Justicia”, vaya a optar por la vía epistolar en vez de vérselas ante el magistrado Pablo Ruz, que la ha citado como testigo, dentro de la investigación del caso Gürtel.
La mala percepción que tienen los ciudadanos de la política empezará a cambiar cuando servidores públicos tan aguerridos como la expresidenta madrileña den un paso al frente y renuncien a este tipo de prebendas.
Aguirre está en su derecho de no acudir al despacho del juez, la ley la ampara, pero no deja de ser llamativo que una persona tan valiente políticamente haya optado por hacer mutis por el foro. La sombra de los contratos de la Comunidad de Madrid y de Alberto López Viejo con la trama de Francisco Correa es alargada.
A buen seguro que sus admiradores, que son legión en toda España, estarán hoy frustrados. Aguirre, auto promocionada como adalid en la lucha contra la corrupción, prefiere evitar el cara a cara con Ruz. Por si acaso. ¡Qué decepción!
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