APENAS UNA HORA después de que Pedro Sánchez acudiera al Palacio de la Zarzuela para prometer como presidente ante Felipe VI, Isabel Díaz Ayuso comparecía ante los medios con una contundente declaración pública.

No es demasiado frecuente que la presidenta madrileña acuda a la rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno semanal, pero su presencia este miércoles junto al vicepresidente Ignacio Aguado ha sido también un mensaje en sí mismo con toda la intención: la de liderar desde Madrid la oposición al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos.

Sus avisos de que la Comunidad de Madrid responderá «con todos los recursos» a su alcance a cualquier «ataque a la libertad» que plantee el nuevo Ejecutivo «radical de izquierdas», la convierten, de facto, en uno de los principales arietes territoriales de Pablo Casado contra Sánchez e Iglesias.

«Nunca ha habido un gobierno tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid, dirigido en la sombra por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña sino lo peor para Madrid», ha remarcado Díaz Ayuso, consciente de que es en la capital de España donde el PP dispone, y no solo por la proximidad geográfica con el Palacio de la Moncloa, del mejor “dique de contención” para frenar la «política necia” que quiere «reventar el motor económico de España”.

De paso, y en clave más interna, a Ayuso no le viene nada mal tener enfrente a un Gobierno de un signo político tan radicalmente distinto al que ella encabeza para ir cerrando filas con Aguado en su propio Ejecutivo de coalición, tanto en Sol como en Vallecas, donde necesitan una mayor complicidad para resistir mejor la presión de Rocío Monasterio al frente del grupo parlamentario de Vox.

Uno de los principales retos para la presidenta de la Comunidad en el año recién estrenado consiste precisamente en reconducir la relación política con su socio de Gobierno. Pasar de los desencuentros en público entre el PP y Ciudadanos a una relación menos tormentosa y accidentada que la de estos cinco primeros meses de Gobierno bicolor en Madrid. Desde ese punto de vista, y sin pretenderlo, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias puede convertirse en la argamasa que acabe cohesionando y tapando las fisuras de Ayuso y Aguado.

Parece evidente que la gran política nacional estará muy presente en la actividad parlamentaria de la Comunidad de Madrid cuando vuelva a abrir la cámara de Vallecas. No es la primera vez que los Gobiernos central y de la Comunidad son de distinto signo, pero nunca como hasta ahora se habían dado las circunstancias para que hubiera una gran batalla institucional y de competencias como la que se avecina.

De momento, uno de los principales interrogantes es saber si la nueva ministra (o ministro) de Hacienda acepta que Comunidad de Madrid pueda empezar a bajar los impuestos, principal caballo de batalla entre los gobiernos central y regional junto a los modelos educativo, sanitario o de vivienda. La presidenta, por si acaso, se pone la venda antes de la herida, ya que Sánchez no ha anunciado aún a quién del PSOE sentará en el nuevo Consejo de Ministros.

Escoltada por Eugenia Carballedo (Presidencia), Javier Fernández-Lasquetty (Hacienda) y Alfonso Serrano (portavoz del Grupo Parlamentario Popular), Díaz Ayuso vela sus armas dispuesta a dejarse la piel ante la que se avecina. En los tribunales, en el Parlamento, o incluso en la calle, si la nueva estrategia de su partido la lleva por ese camino.

Desde ese punto de vista −»todo está en peligro si el nuevo gobierno radical de izquierdas impulsa medidas contra la libertad, es decir, contra Madrid», Ayuso dixit−, a nadie debería extrañar que la Asamblea de Madrid se convierta en una caja de resonancia de lo que ya ha empezado a ocurrir en el Congreso de los Diputados. El baile acaba de comenzar.