20 AÑOS DESPUÉS, el caso sigue abierto. Entre otras cosas, porque las consecuencias de la traición de Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez persisten. Y porque, todavía hoy, mal que nos pese, no hay una respuesta definitiva sobre lo acontecido aquel aciago 10 de junio de 2003.
El hecho cierto es que de no haber ocurrido “aquello” (conjura, deserción, trama, espantada, infamia, felonía, guerra, defección…) nada sería igual en Madrid. Nada fue igual desde entonces. Fundamentalmente, porque la voluntad manifestada en las urnas por más de un millón de votantes fue suplantada por una abyecta traición a cargo de dos diputados socialistas que no estuvieron solos en su perfidia.
El resumen del resumen
Aquello fue lo que parece: una operación antidemocrática, no improvisada, perfectamente planificada y ejecutada por dos desleales, que no tenían motivos de peso y que no estuvieron solos en su traición.
El paso del tiempo ha dejado meridianamente claro, por si cabía alguna duda, que no había razones políticas o ideológicas para traicionar al PSOE. Si Tamayo no estaba de acuerdo con que Rafael Simancas pactara con Izquierda Unida para gobernar en Madrid, la única posibilidad para que no lo hiciera el PP; o quería ser consejero de no sé qué, no tenía más que haberlo explicitado donde correspondía. No fue un acto de indisciplina, sino de corrupción política.
El objetivo no era otro que impedir a toda costa que Simancas fuera presidente de la Comunidad. Y una vez que se consiguió evitar la formación de un gobierno bipartito de izquierdas, forzar la convocatoria de unas nuevas elecciones para que el PP pudiera gobernar gracias a la repetición, como así ocurrió.
Veto a la investigación judicial
Nada de aquello, en cambio, fue suficiente para el entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, nombrado a propuesta del PP, que prefirió mirar hacia otro lado vetando cualquier atisbo de investigación judicial después de que el TSJM tumbara una querella socialista no demasiado bien fundamentada.
Por eso, una de las grandes paradojas de aquella deserción, es que el único condenado fuera un teleoperador de Telefónica Móviles, por supuesta revelación de secretos, acusado de difundir los registros de llamadas de la trama. Ni políticos, ni empresarios, ni tránsfugas, ninguno de los culpables del golpe institucional, tuvo que responder ante la justicia.
El PSOE no quiso investigar
Tampoco en el terreno político existió entonces una gran voluntad de indagar, más allá de la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, cuyas conclusiones estaban prácticamente escritas antes de echar a andar. No hubo voluntad por parte del PP, por razones obvias, pero tampoco del PSOE. Las direcciones nacionales de ambos partidos se desentendieron.
El Partido Socialista de Madrid era el único interesado en llegar hasta el final. “No para desenterrar el pasado, sino para poner a cada uno en su lugar”.
Por eso, muchos nunca han podido entender que, una vez que José Luis Rodríguez Zapatero llega a Moncloa en la primavera de 2004, no cumpliera su compromiso de “no parar hasta desentramar la trama de corrupción” del tamayazo. Tuvo los recursos en su mano —CNI, Fiscalía, Policía Nacional—, pero entendió que era mejor no remover el fango.
La explicación más verosímil es que Zapatero pudiera tener ‘mala conciencia’ tras haber llegado él mismo a la secretaría general del partido, en el 35 Congreso del PSOE, gracias también a la inestimable ayuda de los Renovadores por la Base. José Luis Balbás, Tamayo y compañía aspiraban a convertirse en la franquicia del zapaterismo en Madrid. Como siempre, al servicio del más débil para tratar de sacar el máximo beneficio con el menor esfuerzo posible.
¿Por qué motivo Zapatero no hizo uso de las armas que tuvo a partir de 2004 para investigar, tal y como se había comprometido públicamente? Esta es la explicación que recibió Rafael Simancas.
“Las herramientas, los instrumentos y los poderes son más eficaces cuando los hechos están más cercanos en el tiempo, más tarde resulta más complicado. Hubiera sido curioso que la primera medida que adoptara un ministro del Interior del Gobierno socialista fuera iniciar una investigación al respecto. A mí me hubiera gustado. En todo caso, yo sí recibí una explicación, a modo de reflexión, de quien entonces era el secretario general del PSOE, y presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Él me planteó que políticamente tampoco era extraordinariamente interesante, ni para el PSOE, ni para la Comunidad de Madrid, ni para el país, hacer del tamayazo nuevamente un asunto central. Él entendía que aportaba poco a la estabilidad institucional y que remover aquel tema era actualizar y recordar la responsabilidad política del propio PSOE en el asunto. Responsabilidad que yo nunca escondí, porque la había. No era la definitiva, pero la había en origen, a fin de cuentas estos dos elementos estaban en nuestra candidatura. Esa fue la reflexión del secretario general del PSOE y yo, que soy un militante socialista coherente, respeté esas explicaciones”.
Golpe de mano
Una operación antidemocrática, decíamos, con Balbás señalado como autor intelectual. El ‘ideólogo de la deserción’ era un consumado especialista en echar pulsos. Sus adversarios en el partido se referían a él como el ‘señor del maletín’, y estaba magníficamente conectado con quienes mandaban entonces en el PP, como lo estaba el propio Tamayo.
El objetivo estaba claro. Impedir mediante un golpe de mano que Simancas fuera presidente y forzar la convocatoria de unos nuevos comicios para que el PP pudiera gobernar gracias a la repetición electoral, como así ocurrió. Y aunque, en general, no somos muy dados a creer en teorías conspirativas, parece evidente que hubo una especie de ‘sindicato de intereses’ (inmobiliarios, educativos, sanitarios), cuyos promotores sabían que la llegada del PSOE suponía, al menos, un evidente factor de incertidumbre para sus expectativas.
Caja Madrid
El candidato comete varios errores antes y después de las elecciones autonómicas de 2003, aunque ninguno, posiblemente, tan grave como pedir la cabeza del presidente de Caja Madrid. Simancas quiso apartar a Miguel Blesa y no lo ocultó. Sin ser del todo consciente de que estaba metiendo la mano en un avispero y que la picadura podría resultar letal.
El miércoles 28 de mayo de 2003, tres días después de las elecciones, sabedor ya de que tiene el camino despejado para formar Gobierno, Simancas acude a la radio para una entrevista en ‘El Foro’ de Radio Madrid (Cadena SER), que dirigía y presentaba Miguel Ángel Oliver. La pregunta clave llegó al final del programa:
—¿Es cierto, señor Simancas, que Miguel Blesa tiene los días contados al frente de Caja Madrid?
—Bueno —replica, incómodo, Simancas—, la Asamblea General de la entidad tendrá una nueva composición como consecuencia de las elecciones del 25 de mayo, y parece bastante razonable que al frente de Caja Madrid se sitúe una persona de talante progresista. Es bastante razonable pensar esto —concluye el líder socialista.
Aquel derroche de sinceridad, innecesario visto ahora con el paso del tiempo, desató un terremoto de incalculables consecuencias. Inapreciable en el momento de la volcánica erupción, pero mortífero en los agitados días venideros. Algunos poderosos no se limitan a tomar nota.
El oculto poder de la ‘mesa camilla’
Uno de los aspectos más olvidados de toda esta tramoya tiene que ver con lo que dimos en llamar “el poder oculto de la mesa camilla”. Por resumir: políticos y sindicalistas que se sienta a negociar y que son capaces de conciliar intereses comunes en cuestiones sobre las que, en principio, no tendrían por qué estar de acuerdo dadas las discrepancias ideológicas. Intereses comunes en la vieja Caja Madrid o en determinadas operaciones urbanísticas, pongamos por caso.
Integrantes de esta ‘mesa camilla’ maniobraron en la sombra para impedir que el PSOE se hiciera con el poder o que, en caso de haberlo alcanzarlo, lo hubiera hecho en un estado de extrema debilidad.
Conviene remontarse a los inicios de la Comunidad de Madrid, cuando se conforma el modelo autonómico y se configura una “mesa” con la participación de todos (partidos, sindicatos y empresarios). Y esa misma estructura funcionó de tapadillo durante mucho tiempo.
Algunos dirigentes políticos que no eran de esa cultura que consistía en “dejar vivir a todos”, intuyeron que esa misma “estructura paralela” operó durante el tamayazo, quién sabe si de forma autónoma o confabulada con los autores del golpe.
El urbanismo como telón de fondo
Sospechan, además, que fue Caja Madrid, con su capacidad para financiar operaciones o conceder subvenciones y créditos, donde mejor pervivió, donde más y mejor operó ese grupo sin rostro y sin nombre. Otro ejemplo de esa supuesta “connivencia”, según sostienen los autores de esta teoría, es la recalificación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid y la construcción de las “cuatro torres” en el paseo de la Castellana.
El resultado electoral de mayo de 2003, con la posible formación de un Gobierno de izquierdas a cargo de personas ajenas a las “viejas componendas”, ponía en cuestión el sostenido y discreto sistema que operaba entre bambalinas. La Comunidad de Madrid vivía un momento de reactivación económica, que conllevaba una gran posibilidad de negocio en materia urbanística y de infraestructuras, y había demasiados intereses en juego como para que viniera alguien a torcer aquellas expectativas.
Se avecinaba una avalancha de dinero y tanto Simancas como Fausto Fernández (IU) eran, cuando menos, una incógnita. “Tamayo es, en esencia, esto. El fruto de un resultado electoral que pone en cuestión esto”, mantuvieron los defensores de esta tesis.
Burbuja inmobiliaria
2003 era, por decirlo rápidamente, un momento dorado para el ladrillo, y Simancas se había manifestado abiertamente en contra de la especulación del suelo ante las diversas operaciones que empezaban a dibujarse, o estaban en marcha –Chamartín, Campamento, Valdebebas, Ciudad Deportiva Real Madrid…–
Durante la campaña electoral, PSOE e IU se habían comprometido a frenar la externalización de servicios, los conciertos escolares y a impulsar la iniciativa pública en el desarrollo de la Comunidad. Toda una declaración de intenciones que ponía en peligro los pingues beneficios que algunos esperaban obtener, y obtuvieron.
Consecuencias políticas
Aquella deslealtad tuvo consecuencias. Algunas evidentes y conocidas, otras más sutiles. Tuvo vencedores y vencidos. Y tuvo, cómo no, un claro ganador beneficiario de aquella traición, más allá de quiénes fueran los ejecutores de lo ocurrido.
En el terreno de los derrotados, y en primer lugar, Rafael Simancas, que perdió la posibilidad de ser presidente regional y recuperar el poder para su partido tras ocho años en manos del PP con Gallardón. Perdió Simancas, pero perdió el PSOE de Madrid, cuyos sucesivos liderazgos no han conseguido que el partido levantara la cabeza electoral.
Perdió también Izquierda Unida, cuyas posibilidades de crecer políticamente menguaron lejos de un Gobierno al que iban a acceder con unas atribuciones más altas que su resultado en las urnas.
Y perdió, por supuesto, la voluntad popular, quebrantada por una infamia.
The winner takes it all
Como el título de la canción de Abba, tan utilizada por aquella época en los grandes actos del PP, va todo al ganador. Es decir, todo el poder para Esperanza Aguirre. Su desmedida ambición política, su gran determinación a la hora de fijar y conseguir casi todos sus objetivos, su fuerza arrolladora, su intuición, su convicción para dar batallas, fuera incluso de la Puerta del Sol, la potente e incansable maquinaria que la acompañaba…
Todo esto y más fue utilizado de ariete contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque no solo. También como contestación interna al entonces líder de su partido, Mariano Rajoy. Todo esto y más fue lo que pudo conseguir gracias al impulso de dos desleales militantes socialistas, magníficamente acompañados en su deserción por miembros del PP.
Corrupción
La mezcla de bonanza económica y mayorías absolutas del Partido Popular que siguieron al tamayazo derivaron en algunos sonados casos de corrupción –‘Caja b’ del PP, Gürtel, Púnica, Lezo, Campo de Golf del Canal, Campus de la Justicia…–, y llevaron a la cárcel a varios excargos de Aguirre, entre ellos algunos de sus más estrechos colaboradores. «Fichajes que me han salido rana», dixit.
«Todo se puede delegar menos la supervisión», solía decir la entonces dirigente madrileña cuya presidencia nació con el tamayazo. Surgió de aquella anomalía democrática y derivó en una falta de control del dinero público cuyas consecuencias judiciales no se han dilucidado del todo aún. Ella misma tuvo que apartarse de la primera línea del frente de batalla político, si bien ha conseguido esquivar el oprobio que supone sentarse en el banquillo.
Reflexión final
Mal que le pesara a Esperanza Aguirre, Tamayo y Sáez le allanaron el camino de la presidencia madrileña para conseguir una victoria electoral en segunda instancia. Una victoria legítima, pero no en la primera vuelta, que era de lo que se trataba. Como los malos estudiantes, no aprobó en junio sino que necesitó una segunda oportunidad y el tamayazo obró de catapulta.
Han pasado ya 20 años de aquel acontecimiento que trastocó la historia y el devenir de la Comunidad de Madrid. 20 años respirando políticamente el halo de aquella inmundicia. Una pestilencia que todavía perdura y que el paso del tiempo no conseguirá limpiar.
Dicen que la verdad, como el agua, acaba empapándolo todo, y dicen también que, como en las mejores películas, los cadáveres siempre acaban saliendo a la superficie. Aunque ya no sirva de nada, estaría bien que por higiene democrática, resplandezca toda la verdad y se pueda, que ya va siendo hora, poner fin al capítulo más negro de la política madrileña.
