IGNACIO GONZÁLEZ TIENE un problema. Bueno, tiene varios, pero ninguno tan acuciante como el lío sanitario en el que se ha metido. El carrusel de causas abiertas contra la privatización de seis hospitales a tres empresas ha dado un giro inesperado con la decisión del TSJM de frenar en seco el proceso al estimar un recurso de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM).
Llueve sobre mojado y ni en la Puerta del Sol ni en la calle Aduana, sede de la consejería de Sanidad, estaban preparados para lo peor. Y lo peor es este limbo que vuelve a paralizar un proceso que ya arrastraba un gran riesgo jurídico y, sobre todo, político.
Ni González ni el consejero Fernández-Lasquetty estaban preparados para este escenario. Nadie lo está nunca para tragarse un sapo de ese tamaño y no será porque no se lo advirtieron. Acostumbrado a marcar siempre el ritmo al que bailan los demás, este revés judicial no sólo trastoca los planes del Gobierno regional. Les coloca contra las cuerdas y amenaza con paralizar una acción política que ya estaba de capa caída.
Beneficiar económicamente a unas empresas a costa del dinero público, sin explicar el supuesto ahorro, era demasiado arriesgado. Amarga medicina para González y Lasquetty por negarse a escuchar el clamor de la ‘marea blanca’. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y para esa enfermedad no hay receta ni cura posible.
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