NUEVE AÑOS, QUE se dice pronto, ha tardado la justicia en decretar la apertura de juicio oral por el caso de supuesto espionaje político en el seno del PP cometido entre marzo y mayo de 2008 en la Comunidad de Madrid.
En aquellos lejanos tiempos lo que estaba en juego no era otra cosa que el liderazgo del PP nacional. La lucha entre la vieja guardia de José María Aznar -encabezada por Esperanza Aguirre, que amagó con presentarse pero luego se arrugó- contra el triunfante Mariano Rajoy en el posterior congreso de Valencia donde se rodeó de los suyos y dejó fuera de la dirección a los críticos.
En el banquillo se sentarán los tres funcionarios y otros tres guardias civiles que, supuestamente, espiaron a rivales de Aguirre dentro del PP como el número 2 de Gallardón, Manuel Cobo, o el exconsejero del Gobierno regional Alfredo Prada.
Un caso tres veces archivado y otras tantas reabierto que será juzgado pese al criterio en contra de la Fiscalía. Un jurado popular tendrá que dilucidar si los seis acusados cometieron malversación de caudales públicos.
Se trata de los guardias civiles José Luis Caro Vinagre, Antonio Coronado Martínez y José Oreja Sánchez; los policías nacionales Sergio Gamón Serrano (militante también del PP) y Miguel Castaño Grande, y el que fuera técnico auxiliar del Gobierno regional José Manuel Pinto Serrano.
Están acusados de utilizar los teléfonos y vehículos que tenían asignados como servidores públicos para espiar a Cobo y Prada, entre otros políticos madrileños del mismo partido. Deberán responder de ello y, por consiguiente, de la utilización de fondos públicos generando unos gastos indebidos, que ha sido la única vía por las que se les puede juzgar. Los acusados prestaban sus servicios en la Dirección General de Seguridad de Madrid y emplearon su tiempo en hacer seguimientos que no tenían encomendados.
Hace apenas unos meses, el Gobierno de Cristina Cifuentes admitió el espionaje político durante el mandato de Esperanza Aguirre y que las vigilancias a sus “enemigos internos” del PP se hicieron utilizando fondos públicos. Así consta en el escrito que el letrado que representa a la Comunidad de Madrid remitió al juzgado.
En ese documento, los servicios jurídicos del Gobierno regional daban por hecho que entre marzo y mayo de 2008, con Aguirre como presidenta, «se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración regional que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les competía con ocasión de sus cargos».
Y no sólo eso, «los teléfonos móviles corporativos y los vehículos oficiales» que la Administración puso en manos de estos trabajadores públicos «no fueron aplicados lealmente y con ocasión de sus leales funciones por los acusados». Los investigados, se explica en ese escrito, «cumplieron las órdenes dadas por su superior desvirtuando así el legítimo uso» de los teléfonos y vehículos de la Comunidad de Madrid.
Cuando un año después de aquellos seguimientos el diario El País destapó el escándalo, a algunos medios les faltó tiempo para despreciar y quitar valor a la información diciendo que era “un montaje para desacreditar a Esperanza Aguirre. Una “invención” que, a decir de los abnegados exégetas de la lideresa, “debería haber llevado a Mariano Rajoy a pedir disculpas a Aguirre”. Con el paso del tiempo, aquella “invención” se tornó en verídica, al menos de forma indiciaria, tal y como atestiguaban las grabaciones de los espías.
Ignacio González y Francisco Granados, sentados a la vera de Aguirre, eran los que controlaban con mano de hierro todo lo que ocurría en Madrid. No se movía un papel ni se tomaba una decisión sin que alguno de los tres, o los tres al mismo tiempo, dieran el visto bueno. Si la “gestapillo chusca y de andar por casa” -tal como la definió Cobo- existió resulta bastante inverosímil que ninguno de ellos supiera nada. Y digo deliberadamente «supiera» porque tendrá que ser la magistrada de Instrucción número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, quien lo determine.
El supuesto «jefe de los espías», según diversas informaciones periodísticas, era Sergio Gamón, ex director general de Seguridad Ciudadana, y hombre de la máxima confianza de Aguirre. Durante años, ese policía nacional fue el jefe de la escolta de la entonces presidenta madrileña. Su exmujer, Yolanda Laviana, fue secretaria de Aguirre en el Senado y más tarde desempeñó tareas similares para el presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, amigo a su vez de la expresidenta madrileña.
El supuesto «jefe de los espías», según diversas informaciones periodísticas, era Sergio Gamón, ex director general de Seguridad Ciudadana, y hombre de la máxima confianza de Aguirre. Durante años, ese policía nacional fue el jefe de la escolta de la entonces presidenta madrileña. Su exmujer, Yolanda Laviana, fue secretaria de Aguirre en el Senado y más tarde desempeñó tareas similares para el presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, amigo a su vez de la expresidenta madrileña.
El tiempo transcurrido no ha servido para mitigar el tufo que se desprende de tan turbia historia. Después de tantos cerrojazos judiciales, y de no menos maniobras de distracción, ya va siendo hora de que los espías hagan un último servicio a la democracia. Y lo mejor que podrían hacer, como aguerridos servidores públicos que fueron, es contarle al juez todo lo que saben.
La verdad y nada más que la verdad de aquella sucia guerra interna. Cueste lo que cueste, caiga quien caiga. Ese tipo de prácticas son sencillamente intolerables. Los depredadores de la política, si en este caso existieron, deberían recibir su justo castigo.
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