SIETE AÑOS HAN pasado ya desde que el juez Juan del Olmo ordenara la detención de cinco directivos del periódico Euskaldunon Egunkaria, el primero íntegramente en euskera, bajo la acusación de financiar a ETA y de poner el diario al servicio de la banda terrorista. Estuvieron incomunicados, e incluso uno de ellos, Martxelo Otamendi, denunció haber sufrido torturas. Han pasado siete años, repito, y después de tanto tiempo el juez de tendencia conservadora Javier Gómez Bermúdez ha decretado su absolución.
La sentencia señala que el cierre del diario «no tenía habilitación constitucional y carecía de una norma legal especial y expresa que la autorizara«. Y no sólo eso, considera Bermúdez que la línea informativa de Egunkaria «permitía descartar que el periódico fuera instrumento para la comisión de delitos«. «Las acusaciones (la AVT y Dignidad y Justicia) no han probado que los procesados tengan la más mínima relación con ETA«. Asimismo, los jueces consideran que «tampoco se ha acreditado ni directa ni indirectamente que el periódico haya defendido los postulados de la banda terrorista, haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas ni que su línea editorial tuviese siquiera un sesgo político determinado«. Más que claro, cristalino.
Alguien tan autorizado, moral y profesionalmente, como el periodista Gorka Landáburu, víctima de un intento de asesinato por parte de ETA, contrario a la clausura, manifestó en su día: «se han cometido errores, como el cierre del diario «Egunkaria», que han alimentado el victimismo; si había causa se tenía que haber detenido a los responsables del periódico, no cerrarlo«. Más allá del necesario debate sobre la reparación de los errores judiciales, y del preocupante fallo del sistema, me parece oportuno destacar que estamos ante una sentencia que, por encima de todo, defiende la libertad de expresión y que permite seguir creyendo en la justicia. Lo sorprendente, o no, es que la noticia haya pasado tan inadvertida.
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