POR UNA VEZ, y sin que sirva de precedente, estoy de acuerdo en algo con Esperanza Aguirre. La autoridad de los profesores está por los suelos, cae en picado, y ya iba siendo hora de hacer algo para evitar males mayores. Por el bien del sistema educativo y de la calidad de la enseñanza, por la dignidad de los docentes y de su propia salud mental, y también de los propios alumnos. Ahora bien, y aquí vienen los matices y peros, lo que me disgusta es la dosis de oportunismo, que no de oportunidad, que imprime la presidenta regional a muchas de sus actuaciones. La educación madrileña tiene otros muchos problemas (fracaso escolar, falta de medios, etc.) cuya solución también es urgente pero de más difícil «venta» en los medios de comunicación. Un pacto educativo global «a la madrileña», como el que prepara el ministro Gabilondo, hubiera sido más difícil de conseguir, pero tal vez más eficaz a largo plazo.

También me suscita algo de resquemor el asunto de la presunción de veracidad con la que se quiere revestir la autoridad del profesor. En condiciones normales no tiene porqué pasar nada, pero no es menos cierto que habrá que hilar muy fino en el futuro reglamento para evitar que esta atribución acabe siendo un coladero en las posibles disputas que puedan surgir entre docentes y alumnos. Está bien que los profesores se hagan respetar, sin que eso sirva para atropellar los derechos de los chicos, que también los tienen. Otras autoridades, como jueces y policías, también cometen abusos en el ejercicio de su actividad, si bien es cierto que hay mecanismos para evitar que esas conductas irregulares acaben perjudicando a terceros. Pues eso, que bienvenida sea la Ley de Autoridad del Profesor, aunque tampoco estaría mal que reflexionáramos sobre las causas que nos han llevado a esta situación.