ESPERANZA AGUIRRE NO se distingue, precisamente, por disponer de un gran furor legislativo. Todo lo contrario. Su actividad normativa en la Asamblea de Madrid suele ser más bien escasa. Una cicatería que ella misma justifica diciendo que no se trata de regularlo todo. Forma parte de su ideario liberal y cuando hay algo que no le gusta, pongamos que hablo de la ley estatal anti-tabaco, de Caja Madrid, o de la Dependencia, lo suaviza, lo cambia o, directamente, lo boicotea. No es muy liberal intervenir de esa forma, pero ella interviene. En ocasiones cree interpretar el sentir mayoritario de la sociedad, madrileña o española, y reabre o crea debates, siempre sin complejos, como el de la reforma de la Ley del Menor o la Ley de Autoridad del Profesor. El caso es ir siempre por delante de su jefe de filas, Mariano Rajoy, cuya lentitud de movimientos exaspera a la multivitaminada presidenta madrileña, siempre al quite, siempre al acecho, siempre atenta a la jugada.

Ahora, al hilo de un conflicto en el Metro, ni mucho menos resuelto, ha propuesto una mejor regulación del derecho de huelga. Tiene razón Aguirre en que se trata de un asunto pendiente que viene de antiguo, nada menos que 30 años llevamos sin Ley de Huelga lo que no quiere decir, ni mucho menos, que no exista una regulación legal de la huelga, que son dos cosas distintas. Suena a paradójico pero, como recordada estos días Marcos Peña, presidente del Consejo Económico y Social de España, cuyo magisterio en la materia nadie discute, «la regulación de la huelga se encuentra en una norma que no es Ley que, además, es preconstitucional (Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo)». «Es una regulación legal -continuaba Peña- en el sentido material, tiene fuerza de Ley y es una regulación constitucional, en la medida que una sentencia del Tribunal Constitucional (8 de abril de 1981) eliminó aquellos aspectos de su regulación no compatibles con la Constitución».

No parece, a pesar de la enorme repercusión que está teniendo el conflicto del Metro, que en este momento sea lo más oportuno legislar en caliente. Con más o menos fortuna y acierto, esta forma de actuar se ha mantenido durante más de 30 años y hasta la fecha, los representantes de los trabajadores y de los empresarios han sabido autorregularse de forma adecuada. En otros países europeos, como recordaba también el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, tampoco está regulado este derecho y no pasa nada. Tampoco sería mala solución, como propone Tomás Gómez, aprovechar la Reforma Laboral para regular los servicios mínimos.

El problema viene cuando, como en este caso, la Comunidad de Madrid trata de ser juez y parte. De un lado, impone unos determinados servicios mínimos, tan amplios que pueden llegar a neutralizar el derecho de huelga, y de otro, se da la paradoja que la Administración actúa como empresa. El conflicto del Metro, como todos, acabará resolviéndose, y no es seguro que una hipotética Ley de Huelga lo hubiera evitado. Pedir una Ley así, en estas circunstancias, suele ser también el recurso fácil y a la desesperada de determinados políticos cuando se enfrentan a un conflicto que no saben cómo resolver.