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LA EJECUCIÓN DE Madrid Central no ha sido, precisamente, un camino de rosas. Ni su gestión ni su desarrollo han estado de exentos de complicaciones políticas y judiciales que son, con frecuencia, la cara de una misma moneda. Lo normal, por otra parte, en un estado de derecho donde gobernantes y legisladores también están sujetos al marco jurídico y al cumplimiento de la ley, con sus consecuencias, según el libre entendimiento de los jueces. Hasta aquí, todo normal.

20 meses después de su puesta en marcha, nos encontramos ahora con que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el área de bajas emisiones con tráfico restringido en el centro de la capital, el proyecto estrella de Manuela Carmena (Ahora Madrid). Por “defectos formales” al considerar que “no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza”.

La sentencia, que no es firme, viene motivada por dos recursos del PP (Comunidad de Madrid y grupo municipal popular en el Ayuntamiento cuando aún estaba en la oposición) y uno de la empresa de reclamación de multas de tráfico DVuelta Asistencia Legal. A la espera de lo que decida el alcalde José Luis Martínez-Almeida, cabe recurso de casación, y no sería hasta la siguiente instancia, en caso de que se confirmara el fallo del TSJM, cuando decaerían las más de 800.000 multas impuestas hasta febrero de este año. La Sala, en todo caso, estima parcialmente los recursos presentados “sin entrar al fondo del asunto y sin valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación».

Si algo se hizo mal, que se corrija, pero la falta de trámites e informes obligatorios no invalida, ni mucho menos, lo esencial de este proyecto que, visto con la perspectiva del tiempo, en nada se parece al muro de Berlín como llegó a decir el PP cuando estaba en la oposición. Fuera del gobierno, nuestros políticos (todos) se permiten unos excesos verbales que, con frecuencia, no tienen demasiado sentido, más allá de la gratuita y furibunda crítica contra el adversario.

Madrid Central es un buen invento, acorde con lo que hacen otras ciudades de todo el mundo preocupadas por la mejora de la calidad del aire. La cuestión es que más allá del varapalo judicial que nos ocupa hoy y, con independencia de quien gobierne, o de la denominación que en un futuro se le quiera dar, sería un error que por defectos de forma se pueda llegar a poner en peligro la salud de los madrileños. Bastante tenemos ya con el infausto coronavirus como para ponerle palos en las ruedas a la medida, o descafeinarla tanto y que pierda toda su razón de ser. Y Almeida, que es una persona sensata, no lo permitirá. ¿Verdad que no?

 

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